En 2018, Nicaragua sorprendió al mundo con una revuelta cívica que condujo a una de las más profundas crisis de las últimas décadas. Agravada por las sistemáticas y cada vez más peligrosas violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, la crisis se ha convertido, para la mayoría de los nicaragüenses, en un largo abril que todavía no termina.

Una dictadura al descubierto

Antes del estallido social, la comunidad internacional pensaba que Nicaragua era un país con relativa estabilidad y paz, en comparación con sus vecinos centroamericanos. Contaba con indicadores favorables en seguridad; empresarios y gobierno se mostraban satisfechos con la estabilidad y el crecimiento económico; las políticas sociales presentaban grandes brechas de desigualdad, pero había cobertura de ciertos servicios básicos a la población. En lo político, aparentaba cumplir con las formalidades de una democracia. Sin embargo, la insurrección cívica reveló que en realidad Nicaragua vivía una ficción y que las sistemáticas denuncias sobre la deriva autoritaria del régimen eran ciertas.

Durante los diez años de Daniel Ortega en la Presidencia (2007-2018), el país ha transitado de un régimen democrático liberal a uno autoritario y, en los últimos meses, a una dictadura abierta. Los rasgos sobresalientes son la centralización de las decisiones en la pareja presidencial conformada por Ortega y su esposa, Rosario Murillo; la subordinación de los demás poderes estatales al Ejecutivo; el abandono del Estado de derecho y la restricción progresiva de los derechos fundamentales, especialmente el derecho al voto, la libertad de expresión y la libertad de movilización. En lo formal, el gobierno de Ortega siempre mantuvo la fachada de una democracia recubriendo su autoritarismo bajos artilugios legales y una supuesta legitimidad basada en alianzas claves con los empresarios privados y el Ejército.

Mientras el matrimonio Ortega-Murillo transformaba el régimen político, la sociedad nicaragüense experimentaba también un cambio en su cultura y prácticas políticas, particularmente las tres generaciones de jóvenes nacidos en la época de la posrevolución, los mismos que se lanzaron a la calle en abril reclamando libertad, democracia y justicia. La profundidad de la crisis no es solamente la revelación de un gran descontento acumulado durante diez años de autoritarismo, es también la revelación del cambio que se está gestando entre el autoritarismo remanente de las épocas pasadas y una nueva era democrática. El régimen Ortega-Murillo es la expresión del orden decadente.

La burbuja del descontento

En abril estalló una enorme burbuja de descontento que había venido creciendo durante diez años. Sus causas son diversas, pero una las más importantes es la expectativa frustrada de los ciudadanos con un gobierno que alimentó la esperanza de la mejora económica y social, pero prefirió continuar las políticas neoliberales establecidas desde inicios de los años 90. La otra razón es la imposición política mediante la vigilancia, el control y la represión ciudadana ejercidos a través de varios dispositivos, entre ellos la policía, los tribunales de justicia, los grupos de choque conformados por simpatizantes del gobierno, los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) y los Gabinetes de Familia.

La gran mayoría de los nicaragüenses esperaba que el gobierno cumpliera sus promesas de mejoría económica y políticas sociales más amplias e incluyentes; pero este, en cambio, decidió manejar esas expectativas con políticas populistas y clientelistas. En el ámbito político, las restricciones a derechos fundamentales avanzaron aceleradamente, en especial el derecho al voto, vulnerado por la falta de transparencia de los procesos electorales; la libertad de expresión, limitada seriamente por el asedio a la prensa independiente y el incremento del temor de los ciudadanos a expresar sus opiniones políticas; el derecho a la libre movilización y manifestación, con el impedimento a la realización de marchas y otras acciones de protesta, entre otros.

El descontento comenzó a manifestarse desde 2013, cuando emergió un ciclo de conflictos y movilización social que tenía como protagonistas al movimiento campesino, que rechazaba la concesión otorgada a una empresa china para la construcción de un canal interoceánico; el movimiento de rechazo a la minería en distintas localidades del país; las comunidades indígenas de la costa Caribe que reclaman la titulación de sus tierras y el cese de las invasiones promovidas por latifundistas; y un movimiento ciudadano para el restablecimiento de la democracia. Antes de abril, una gran muestra de descontento masivo y cívico fue la alta abstención en las elecciones generales de 2016 y en las subnacionales de 2017.

El estallido de abril

La insurrección cívica de abril, como se la ha llamado, se convirtió en el punto álgido de la movilización y protesta social en curso. Como se sabe, los ciudadanos se volcaron a las calles de forma autoconvocada para protestar contra un decreto presidencial que reformaba de facto el sistema de seguridad social. Los primeros brotes de protesta fueron brutalmente atacados por los grupos de choque conformados por simpatizantes del gobierno y fuerzas policiales. Sus primeras víctimas fueron personas de la tercera edad, la mayoría de ellos pensionados que fueron insultados y vapuleados impunemente.

Ver texto completo en Nuso.org

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