Cómo implementar una reforma legal que contribuya a modernizar y transparentar el actual régimen de financiamiento político, sincerándolo y reduciendo la enorme brecha que hoy existe entre la norma y la práctica

Por Daniel Zovatto.

Las recientes denuncias en la provincia de Buenos Aires por presuntos aportes fraudulentos a la campaña electoral han provocado tres efectos. Político, porque llevaron a la gobernadora Vidal a ordenar una auditoría y a pedir la renuncia a la contadora de la Provincia y ex tesorera del PRO bonaerense. Judicial, porque hay varias investigaciones en curso.Y de imagen ante la opinión pública, ya que Cambiemos llegó al gobierno con un discurso y una promesa en favor de la transparencia y la calidad institucional-.

Tras las denuncias, el Gobierno aceleró el envío al Congreso de un proyecto de ley dirigido a modernizar y transparentar el actual régimen de financiamiento político. El peronismo ofreció hacer lo propio.

Bienvenidas estas iniciativas. Las crisis, cuando son bien aprovechadas, suelen ser las mejores parteras de las reformas. Por otro lado, la coyuntura para debatir y reformar el régimen de financiamiento político es propicia, por dos razones. Primero, los temas de alta sensibilidad política hay que discutirlos en años no electorales. Y segundo, no sería recomendable ir a las elecciones presidenciales del 2019 con una legislación deficiente como la actual.

Partamos con dos afirmaciones iniciales. La primera, nuestro régimen de financiamiento político es mediocre en lo normativo y un dibujo, una gran mentira (para ser más preciso) en los hechos. Por ello, sería ingenuo pensar que únicamente Cambiemos es el malo de la película.

En este tema, la casi totalidad de los partidos incurren en graves omisiones e irregularidades. Lamentablemente estamos ante una patología que afecta al sistema político en su conjunto y que demanda una intervención cuidadosa y urgente, ya que el financiamiento político es un tema clave para contar con una democracia de calidad y elecciones con integridad.

La segunda, la democracia no tiene precio, pero sí tiene un costo de funcionamiento. Por ello, el uso de recursos económicos es imprescindible para la competencia política-electoral. De ahí la importancia de no demonizar al dinero pero sí regularlo adecuadamente para evitar que produzca graves distorsiones en el sistema democrático: en especial, la captura del Estado, graves conflictos de intereses y la penetración del narcotráfico y del crimen organizado.

En mi opinión, las cuestiones mínimas y centrales que deberían ser abordadas por la nueva ley son: 1) mejorar las condiciones de equidad de la competencia electoral regulando la publicidad oficial y aumentando el plazo de prohibición de los actos de gobierno dirigidos a captar el voto; 2) bancarizar los aportes para reducir al máximo los aportes en efectivo y favorecer su trazabilidad; 3) incrementar la transparencia y la rendición de cuentas para combatir los altos niveles de opacidad actuales; 4) Implementar el registro de aportes y gastos en tiempo real; 5) poner en marcha un registro de proveedores en línea; 6) sancionar el clientelismo y el uso de recursos públicos con fines partidarios; 7) incluir la regulación de las redes sociales junto a los medios de comunicación tradicionales; y 8) fortalecer a la Justicia Electoral (en especial, aumentar el número de auditores de la Cámara Nacional Electoral y el flujo de información proveniente de diversas fuentes) y endurecer el régimen de sanciones, incluyendo a los candidatos entre los sujetos responsables de eventuales incumplimientos.

Ojo, no propongo criminalizar a la política pero sin órganos de control eficaces y, sobre todo, sin un régimen de sanciones que duelan y se apliquen (las sanciones son los dientes de las leyes) y que sean parte de un sistema de premios y castigo (garrote y zanahorias), ninguna reforma tendrá posibilidad de tener vigencia real.

Existen, asimismo, otras cuestiones también muy relevantes pero respecto de las cuales no existe consenso, entre ellas, si las personas jurídicas (empresas y sindicatos) deberían estar facultadas para hacer donaciones a las campañas.

Respecto de las empresas, para el caso de Argentina, y reconociendo que es un tema muy controversial, coincido con la propuesta del gobierno de volverles a permitir hacer aportes, ya que ello permitiría sincerar lo que actualmente ocurre en la práctica de manera ilegal, pero estableciendo claros y estrictos límites respecto de aquellas empresas que deben quedar excluidas (para evitar potenciales conflictos de intereses), y con topes razonables respecto del monto de sus aportes.

Pero si deseamos dar un salto cualitativo en esta materia, la reforma debería apuntar a cuatro objetivos estratégicos adicionales:

1. Contribuir a fortalecer e institucionalizar nuestro débil y fragmentado sistema de partidos políticos.

2. Lograr avanzar simultáneamente tanto a nivel nacional como provincial, abriendo la posibilidad de adhesión de las provincias al régimen nacional.

3. Garantizar no solo la integridad de los procesos electorales sino también la del sistema político en su conjunto. Para ello es preciso abordar esta compleja problemática desde un enfoque integral. Como acertadamente recomienda el grupo de trabajo de RAP (integrado por políticos y empresarios), la regulación del financiamiento político debe ser parte de un “eco-sistema” de integridad de la política at large, que incluya también las regulaciones contra la corrupción, el tráfico de influencia y los conflictos de interés, junto a normas de “compliance” del sector privado.

4. Fomentar una cultura fuertemente comprometida con el respeto de las reglas del financiamiento político, para acompañar a las buenas normas con buenas prácticas.

Resumiendo: una reforma con estas características contribuiría a modernizar y transparentar el actual régimen de financiamiento político, sincerándolo y reduciendo la enorme brecha que actualmente existe entre la norma y la práctica.

Daniel Zovatto es director regional de IDEA Internacional.

Texto publicado en El Clarín
https://www.clarin.com/opinion/dinero-campana-salir-opacidad_0_SktulxSrm.html

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